Categoría: UPyD Ayto Madrid

La cafetería del Palacio de Congresos, bajo sospecha (EL MUNDO)

  • El Tribunal de Cuentas está estudiando la inclusión de una cláusula adicional en el contrato
  • Lo solicitó la adjudicataria y no estaba prevista en el pliego de condiciones del concurso
  • El Ayuntamiento de Madrid dice que aceptó la modificación asesorado por abogados
  • ‘Esto es hacer trampas’, denuncia Patricia García, concejal del Grupo Municipal de UPyD

Palacio Municipal de Congresos, en el Campo de las Naciones.

Foto: E.M

MARTA BELVER

El Ayuntamiento de Madrid se está planteando qué hacer con la concesión de la cafetería del Palacio Municipal de Congresos, en el Campo de las Naciones. El contrato, en vigor desde julio de 2013, se encuentra en el Tribunal de Cuentas después de que se incluyera en él una cláusula económica adicional que no estaba en el pliego de condiciones del concurso y que, además, beneficia sustancialmente a la empresa.

Dicha modificación posibilitó que Aramark, la adjudicataria y única participante en el proceso de licitación, pidiera un año después de hacerse con la adjudicación una rebaja del dinero que tiene que pagar por la gestión de este servicio. Alegó «circunstancias sobrevenidas e imprevisibles», entre las que citó la «desconfianza de los clientes en la seguridad de las instalaciones municipales» tras la tragedia del Madrid Arena.

El Ayuntamiento accedió a su petición y le redujo el canon variable anual que debía pagar al 6% de la facturación, lejos del 14% fijado en el concurso y del 15,5% al que subió la compañía para hacerse con la concesión. Además, en los pliegos de condiciones había una cláusula que estipulaba que si los ingresos de la empresa no alcanzaban los 3.900.000 euros anuales sería recompensada con el 5% de la diferencia.

«Conclusión, Aramark al final está pagando sólo un 1%», denuncia Patricia García, concejal del Grupo Municipal de UPyD. «Es decir, se ahorra un 14,5% del 15,5% que inicialmente ofreció para hacerse con el contrato, ahorro que sin duda hubiera animado a otras empresas a presentarse. Esto es hacer trampas», añade.

La anterior contrata

En el trasfondo de esta polémica están las 38 personas empleadas en la cafetería del Palacio de Congresos en 2012, cuando finalizó la anterior concesión, adjudicada en 2003 a Mónico Gourmet. La empresa del Ayuntamiento que gestionaba el edificio, Madridec, no quiso hacerse cargo de los trabajadores, que se fueron a la calle, pero éstos recurrieron a la Justicia, que declaró nulo su despido colectivo.

Madridec tenía entonces dos opciones entonces:readmitirlos, abonándoles todas las nóminas atrasadas, o indemnizarlos, lo que podría suponer un desembolso millonario. «Así que para solucionar el problema decidió sacar a toda prisa a concurso público la gestión, que en apenas un mes estaba concluido, estableciendo expresamente en los pliegos que la adjudicataria debería subrogar a esos 38 trabajadores. Y, al final, han acabado accediendo a todas las exigencias de la empresa, incluido el cambio en las condiciones económicas», explican en UPyD.

Anulación del privilegio

El delegado de las Artes del Ayuntamiento, Pedro Corral, explicó en el último Pleno que la incorporación de la cláusula que no estaba incluida inicialmente en los pliegos del concurso contó con «el asesoramiento de un despacho de abogados, que informó favorablemente». Sin embargo, reconoció que su equipo se está planteando ahora la posibilidad de anular ese privilegio y que el proceso se encuentra en «trámite de audiencia con la empresa».

ELMUNDO se ha puesto en contacto con Aramark, que ha declinado pronunciarse.

«Cuando las cosas se hacen mal y se intentan arreglar a ‘parchazos’ acaban reventando», se lamenta Patricia García. «¿Qué va a pasar como el Tribunal de Cuentas lo considere nulo? Pues que lo acabarán pagando los ciudadanos, como siempre», añade la edil ‘magenta’.

http://www.elmundo.es/madrid/2015/05/12/55511317268e3e1c158b4579.html

 

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Los contratos ‘a dedo’ de Madrid Destino, al Tribunal de Cuentas (EL MUNDO)

MARTA BELVER

Los contratos adjudicados ‘a dedo’ por la empresa municipal Madrid Destino han llegado ya al Tribunal de Cuentas. El grupo de UPyD en el Ayuntamiento de Madrid, que denunció estos hechos el pasado mes de julio, considera que la irregularidad administrativa ha supuesto un menoscabo para las arcas locales que supera los 500.000 euros.

La compañía dejó en manos de Eulen el servicio de seguridad de cinco instalaciones culturales. Lo hizo por un importe de más de 900.000 euros, sin IVA, y una duración de seis meses, en un proceso sin publicidad ni concurrencia, como obliga la ley, y en contra de un informe del organismo municipal supervisor. La publicación de esta noticia le costó la suspensión de empleo y sueldo al directivo encargado de las contrataciones y supuso la apertura de una investigación interna.

Además de este contrato, según pudo saber este periódico, Madrid Destino había adjudicado la limpieza de diversas sedes municipales por un valor de 800.000 euros con el mismo procedimiento de tapadillo. En el organismo público justificaron esta manera de proceder por razones «técnicas» y de «urgencia». Preguntados ahora por el hecho de que el asunto haya llegado al Tribunal de Cuentas, prefieren no hacer más declaraciones al respecto.

De momento, UPyD sólo ha presentado ante este organismo fiscalizador la documentación relativa al mencionado servicio de seguridad que, según este grupo, «podría ser constitutiva de un posible ilícito contable». Entre otros datos, señalan que «presuntamente» el concesionario incumplió con la obligación de presentar el pliego de prescripciones técnicas y administrativasque debería acompañar al expediente.

El contrato tuvo una duración del 1 de abril al 28 de septiembre de este año. Al ser por una cantidad superior a los 500.000 euros, era necesario un informe jurídico-económico de la Dirección General del Sector Público. Según la formación magenta, los responsables de Madrid Destino siguieron adelante con el proceso, «de manera consciente y deliberada», sin esperar a que llegara tal documento, «el cual debía haber sido emitido con carácter previo». El propio Comité de Dirección de la empresa sabía que ese informe -en cualquier caso no vinculante- iba a ser «negativo», por lo que decidió «proceder a su formalización inmediata», tal y como figura en la documentación que aporta el partido en su denuncia.

Además, UPyD hace el cálculo de la ‘sangría’ que ha supuesto al presupuesto municipal el hecho de que no se sacara a concurso este servicio. Para ello compara el que se licitó posteriormente, éste ya sí mediante procedimiento público abierto, lo que permitió seleccionar la oferta más baja, con el acuerdo que se dio ‘a dedo’. Así, llega a la conclusión de que la compañía pública se gastó 508.419 euros más de lo que era necesario durante los seis meses que duró el acuerdo cerrado de forma irregular.

El grupo ‘magenta’ va a analizar ahora minuciosamente el expediente del otro contrato sospechoso, el de limpieza, para decidir si lo presenta también ante el organismo fiscalizador. No se descarta tampoco recurrir a otras instancias judiciales.

«No vamos a permitir que estas situaciones se den en el Ayuntamiento, por eso hemos presentado esta acción pública ante el Tribunal de Cuentas para demostrar que el Consistorio madrileño se salta las normas en función de sus intereses», afirma David Ortega, portavoz de UPyD.

Y concluye: «A pesar de ser el Grupo Municipal con menos recursos, vamos a hacer un esfuerzo económico para que estas situaciones no queden impunes. Tenemos un compromiso con los ciudadanos. Cuando lleguemos al Gobierno levantaremos las alfombras del Ayuntamiento para que quien haya hecho algo mal, lo pague».

Madrid tiene la mitad de barrenderos pero el Ayuntamiento dice que está limpia (EL PAÍS)

  • El ERTE ha retirado de las calles a un tercio de una plantilla ya mermada
  • Botella afirma que los incumplimientos de las empresas son cada vez menores

¿Está sucia Madrid? ¿Está más sucia que hace un año? ¿O que hace cinco? ¿Está más sucia que otras urbes de similar tamaño, o lo que es lo mismo, está más sucia de lo que es normal con 3.166.000 habitantes y 650.000 veraneantes?

Más allá de la percepción subjetiva de los madrileños (el escritor Javier Marías asegura que es “la ciudad más guarra de Europa, una pocilga repugnante”, pero ya en 2005 decía que era la menos pulcra, cuidada y agradable, existe dos indicadores más o menos fiables: el número de trabajadores que se encargan de la limpieza viaria, y las multas que el Ayuntamiento impone a las empresas responsables por incumplir sus obligaciones contractuales. El problema es que ambos testigos ofrecen datos contradictorios.

Las quejas de los vecinos en las redes sociales tampoco son una novedad. Arrecian al menos desde 2010, cuando el anterior alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón (PP), comenzó a recortar el presupuesto de limpieza viaria. Las protestas son más intensas en verano (julio, agosto y septiembre) porque es cuando los trabajadores cogen vacaciones y, desde 2010, no se cubren sus ausencias.

Hasta el año pasado, el Ayuntamiento obligaba por contrato a que hubiera un número mínimo de empleados (8.800, según el recuento realizado por el PSM a partir de los pliegos). En verano de 2013, se licitó un nuevo contrato en el que, en vez de incluirse ese requisito, se crearon 68 indicadores de calidad (baldeo de calles, vaciado de papeleras, etcétera) que, en caso de incumplimiento, conllevarían penalizaciones.

El Ayuntamiento adjudicó el contrato a OHL, Sacyr, FCC y Ferrovial, que ofrecieron rebajas superiores al 20% sobre el precio de licitación. En septiembre, OHL, Sacyr, FCC anunciaron un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectaba a 1.134 trabajadores. Una huelga de 13 días en noviembre evitó los despidos, pero no un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), que estará en vigor hasta 2017.

El resultado, según denuncian Comisiones Obreras y UGT, es que, sobre una plantilla estimada en 6.500 trabajadores, cerca de 2.000 no salen cada día a la calle debido al ERTE. Las empresas han declinado confirmar estas cifras, que el Ayuntamiento no niega y que apuntan a que el número de empleados de limpieza viaria se ha reducido casi a la mitad respecto al contrato anterior.

Eso debería conllevar un empeoramiento del servicio, tal y como denuncian que ha ocurrido oposición (PSM, IU y UPyD) y sindicatos. Sin embargo, el Ayuntamiento, gobernado por Ana Botella (PP), esgrime que los indicadores de calidad, más o menos objetivos, indican lo contrario.

Las penalizaciones a las contratas detrajeron en junio el 3,8% del pago mensual comprometido (el máximo es el 20%), una cifra similar a la de meses anteriores e inferior a la de enero (5,4%). Es decir, las multas por incumplir la obligación de mantener Madrid limpia son cada vez menores.

¿Se deduce de ello que Madrid está cada vez más limpia? En la medida de que sólo hay 360 inspecciones al día en toda la ciudad, y que no se puede comparar con el contrato anterior a verano de 2013 porque antes de esa fecha no existían los indicadores.

Botella hizo ayer “una valoración satisfactoria”, pero evitó decir que Madrid está limpia. Hace un año aseguró: “Nos hemos acostumbrado a un nivel de limpieza muy alto que nos estamos esforzando en mantener”. Ayer, prefirió insinuar que Madrid está todo lo limpia que puede pagar: “Nos planteamos que los servicios públicos fueran sostenibles, nunca los gastos corrientes pueden ser mayores que los ingresos”. Es decir, tras ajustar el presupuesto a la deuda que Gallardón contrajo (quedan 6.200 millones, tras haber pagado “3.000 millones en tres años”, admitió ayer la alcaldesa sin contar intereses), el dinero que queda permite pagar la limpieza viaria que hay y nada más.

Ayer, el líder municipal socialista, Jaime Lissavetzky, recordó que los madrileños no quieren que se multe a las empresas por no limpiar sino que se las obligue a limpiar, y pidió un plan de choque para adecentar la ciudad. Raquel López (IU) añadió: “Nosotros no queremos un plan de choque sino echar a las empresas para que el servicio sea público”. David Ortega (UPyD) criticó el “pésimo servicio” de unas empresas a las que “interesa porque ganan dinero haciéndolo peor”.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/09/29/madrid/1412018119_772252.html

 

¡READMISIÓN YA!

Más de 30 caídas en 2 meses no es mala suerte, algo pasa. Es competencia del PP y tienen que responder a los ciudadanos.

9 Septiembre 2014.- David Ortega ha declarado hoy, en relación a la muerte ayer de un ciudadano causada por la caída de la rama de un olmo “el Ayuntamiento no puede decir que estamos ante un problema de mala suerte o de condiciones meteorológicas. Es inaceptable y muy poco serio. Necesitamos ya un diagnóstico. Necesitamos saber ya que está pasando en Madrid. Tenemos los expertos, tenemos los funcionarios y el tiempo apremia.

Para tener un tratamiento adecuado, tenemos que tener un diagnóstico claro, y parece mentira que después de dos meses y medio no tengamos un diagnóstico claro. Si quieres tener un tratamiento sensato, tienes que tener diagnóstico, y no lo tenemos.

Desde que falleció la primera persona, el 21 de junio, han pasado dos meses y medio y lo único que ha hecho el Partido Popular es crear una Comisión de Expertos. ¿Y qué pasa con los funcionarios del Ayuntamiento de Madrid, que tenemos muchos y muy cualificados? Queremos conocer su opinión. La Comisión de Expertos puede ser una buena idea, pero tenemos funcionarios cualificados que nos pueden dar mucha información.

Necesitamos también un plan de choque, ya, centrado básicamente en parques, en zonas infantiles y en colegios. Es fundamental. Hay que empezar a actuar ya”

Noticia publicada en El Mundo 9/9/14:

Los expertos del Ayuntamiento de Madrid siguen deliberando.

– La única medida que se ha tomado hasta ahora ha sido crear un comité de sabios

– Asesorará a los técnicos sobre ‘patologías no detectables a simple vista’ en los árboles

La tarde del pasado 21 de junio la tragedia se cernió sobre El Retiro: la rama de una falsa acacia cayó a plomo sobre un hombre de 38 años, militar de profesión, que se encontraba en el parque con sus dos hijos pequeños. El hombre falleció prácticamente en el acto.

Desde entonces, rara ha sido la semana, por no decir el día, en el que a esta redacción no ha llegadoalguna fotografía de especies desplomadas contra los adoquines de diversas aceras de Madrid. O incluso contra la sombrilla de una terraza de la calle Montera con el establecimiento lleno de clientes.

La penúltima imagen entraba ayer por la tarde, apenas dos horas del suceso mortal de Villa de Vallecas. La enviaba el coordinador de UPyD en el distrito de La Latina, Iván Rodríguez, y mostraba un tronco de grandes dimensiones despanzurrado junto a un parque infantil de la calle Pradales.

«He escuchado un ruido muy fuerte, como si fuera un vendaval. Y cuando me he dado la vuelta he visto el árbol caído que le ha pasado rozando a un vecino de la zona que regenta un bar aquí. Se ha quedado blanco… ¡Y menos mal que no había niños en los columpios!», relataba este representante de la formación magenta antes de que la pesadilla volviera a repetirse a pocos kilómetros de allí.

Sólo en el distrito de La Latina, durante el verano UPyD ha ido documentado gráficamente numerosos desprendimientos de ramas e incluso troncos arrancados de cuajo. En el mismo sitio de la calle Camarena, por ejemplo, «hubo dos caídas en dos en días consecutivos».
Lee la noticia completa: (Pincha aquí)

Otras noticias relacionadas: UPyD dice que los olmos de Madrid están en “mal estado” por falta de fumigación.

 

http://www.upydmadrid.es/noticias/mas-de-30-caidas-en-2-meses-no-es-mala-suerte-algo-pasa-es-competencia-del-pp-y-tienen-que-responder-a-los-ciudadanos

 

Patricia García (UPyD):Llamemos a las cosas por su nombre

Patricia García.
Concejal de UPyD en el Ayuntamiento de Madrid.

 

Si algo me desagrada de la confrontación política es la tendencia, cada vez más acusada, de presentar como interpretables o sujetos a opinión asuntos, temas o datos que pertenecen a la esfera de los hechos ciertos y probados, con el objetivo de banalizarlos primero y justificarlos a continuación. Es decir, para justificar lo injustificable.

Esto es lo que ha hecho la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, por boca del Concejal Delegado de Las Artes, Deportes y Turismo, cuando ha tenido que enfrentarse a lo que debía haber constituido un escándalo mayúsculo: la adjudicación a dedo de diversos contratos (de importe además muy abultado) por parte de una empresa de capital íntegramente municipal, que ha sido descrito no como la gravísima irregularidad que es, sino como un mero “error” o “desajuste” de carácter menor sobrevenido de la forma más tonta durante un complicado proceso de fusión de empresas públicas municipales.

Vamos a examinar los hechos ciertos, y vamos a ver después qué interpretación cabe darles.

Primer hecho cierto: la empresa municipal Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio, S.A., que tiene encomendada en Madrid nada menos que la gestión de la cultura, el turismo y algunos importantes bienes patrimoniales del Ayuntamiento, ha estado adjudicando contratos sin sacarlos a concurso; es decir: saltándose flagrantemente la Ley de Contratos del Sector Público.

No se trata de una sospecha: es un hecho probado y reconocido por la propia empresa con respecto a, por lo menos, tres contratos importantes relacionados con cinco equipamientos culturales emblemáticos (Teatro Fernán Gómez, Teatro Español, Matadero, Medialab-Prado y Teatro Circo Price): dos contratos de seguridad y vigilancia por importe de 900.000 euros y un contrato de limpieza por importe de 800.000. En total, 1,7 millones de euros de dinero público (más de dos millones, si añadimos el IVA) gestionados sin control por el equipo directivo que los responsables del Ayuntamiento han puesto al frente de una empresa pública. Y digo “por lo menos”, porque (y esto reconozco que sí es una sospecha) no puedo dejar de pensar que tienen que existir más contratos de esta naturaleza, habida cuenta de la facilidad con la que han reconocido la existencia de los que de momento hemos descubierto, la tranquilidad con la que han creído dar una explicación convincente y la prisa con la que han pretendido finiquitar el asunto con la suspensión de dos meses de empleo y sueldo del responsable de contratación.

En fin, una se sentiría tentada de creer que la salida a la luz de estas prácticas contractuales absolutamente irregulares habría supuesto una conmoción tremenda cuya única conclusión posible sería el cese inmediato de todos aquellos directivos de la empresa sin cuya participación hubiera sido imposible llevar a cabo tan manifiesta ilegalidad. Les pongo al día: como el puesto de Consejero Delegado está vacante desde el fallecimiento de quien lo detentaba, la empresa parece estar dirigida en estos momentos por un órgano colegiado conocido como “Comité de Dirección” que creemos integrado por los distintos directores generales de los diversos departamentos que la estructuran.

Creemos, ya que no lo sabemos: todos nuestros esfuerzos para obtener información acerca de quiénes componen este comité, sus atribuciones y responsabilidades y el acto por el que fueron nombrados han sido nulos, en un alarde de opacidad que yo creo que no tiene parangón en ninguna otra empresa del sector público español.

Sea como fuere (y aquí voy al segundo hecho cierto), los miembros de este misterioso Comité de Dirección tienen firma mancomunada. En el caso concreto que nos ocupa, los contratos de seguridad y limpieza que se adjudicaron de forma irregular cuentan con tres firmas: las de los directores de Operaciones, Contratación y Económico-Financiero. La primera pregunta que cabe hacerse es: si fue necesaria la colaboración de todos ellos, ¿por qué entonces sólo se han aplicado sanciones a uno de los tres? Hilando más fino, cabe preguntarse incluso por qué ha habido que aplicar sanciones, si realmente todo no fue más que producto de un error… ¿En qué quedamos?

Pero es que además hay una cuarta persona, el director de Márketing y Ventas, que por lo menos desde el mes de marzo viene actuando como primus inter pares en el Comité de Dirección. Por supuesto, también sin nombramiento y sin que nadie sepa muy bien cuál es el cargo que ocupa. Durante un tiempo se estuvo presentando a sí mismo como Director General, cargo inexistente en los estatutos de la empresa y para el que, en cualquier caso, no ha sido oficialmente nombrado; a raíz del descubrimiento de estos contratos y su posterior repercusión en prensa, he visto que ahora se presenta como “Gerente”, aunque de nuevo se trata de un cargo inventado y sin nombramiento oficial. Y el propio Concejal Delegado lo definió durante su intervención en el Pleno como la persona que “encabeza” la empresa. Por lo tanto, y al margen de que estos contratos lleven o no su firma, debería igualmente ser considerado responsable de los mismos.

Ítem más, existe un tercer hecho cierto: que quienes decidieron adjudicar contratos sin someterse a ninguno de los procedimientos amparados por la ley lo hicieron con notable conocimiento de causa y absoluta premeditación.

En primer lugar, porque existe un informe de la Dirección General de Sector Público (informe que es preceptivo obtener para realizar cualquier contratación que supere los 500.000 euros), que les advierte muy claramente de que lo que pretenden llevar a cabo no se ajusta a la normativa. En segundo lugar, porque no se trató en absoluto de un hecho sobrevenido, como pareció dar a entender el Concejal Delegado en su justificación: cuando Madrid Destino se constituyó, el 1 de octubre de 2013, faltaban seis meses completos para que se extinguieran los contratos entonces en vigor, tiempo más que suficiente para sacar a concurso los nuevos pliegos, tratándose además, como se trata, de unos servicios que no son imprevistos, ya que tanto la seguridad como la limpieza de los equipamientos públicos son gastos fijos y recurrentes.

En definitiva, estos son los hechos probados en torno a la firma de estos contratos, al menos los más relevantes, a la luz de los cuales estos cuatro cargos directivos, que necesariamente han tenido que colaborar para adjudicar contratos fuera de la ley, y que además han actuado con total premeditación y conocimiento de la normativa que se estaban saltando, deberían haber sido cesados de inmediato. El Ayuntamiento podría incluso exigirles mayores responsabilidades, ya que han actuado en su nombre de manera ilegal. Pero no ha sido así: desde el Ayuntamiento se ha tratado todo como un asunto menor, de naturaleza más bien burocrática, y se ha ventilado de forma absolutamente superficial.

En esta situación, y más en unos momentos en los que la ciudadanía está pidiendo a gritos un mayor control del dinero público y un decidido avance en transparencia, cuando hasta el gobierno de Mariano Rajoy, tan reticente hasta ahora, aparenta que está empezando a apostar (si bien con la boca pequeña) por implantar medidas de regeneración democrática, lo lógico sería que el gobierno del Partido Popular del Ayuntamiento de Madrid hubiera actuado con decisión y contundencia ante unas prácticas tan irregulares cometidas por personas de su confianza, en lugar de apoyarlos sin reservas, que es lo que ha hecho.

Vistos los hechos, les ofrezco mi interpretación: a quienes forman la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, a quienes han recibido el encargo ciudadano de velar por los asuntos públicos de nuestra ciudad, no les preocupa ni les inquieta que personas de su confianza actúen con opacidad y al margen de la normativa en su gestión de lo que es de todos. Esto se llama, sencillamente, corrupción.

http://www.madridiario.es/noticia/opinion/patricia-garcia/414320

 

Madrid adjudica 900.000 euros a dedo en seguridad (EL MUNDO)

 

  • Madrid Destino contrata a Eulen para que siga dando el servicio en las instituciones culturales del Consistorio durante seis meses sin publicidad ni concurrencia y pese al informe contrario del supervisor municipal.

 

Fachada principal del Ayuntamiento de Madrid, situada en la plaza de...

Fachada principal del Ayuntamiento de Madrid, situada en la plaza de Cibeles. / ALBERTO DI LOLLI

El Ayuntamiento de Madrid ha adjudicado un contrato de 900.000 euros de seguridad privada a la empresa Eulen a dedo, en contra de un informe del organismo municipal supervisor, sin publicidad ni concurrencia, como obliga la ley. Es decir, simplemente se cerró un acuerdo por seis meses con la empresa que ya estaba dando el servicio. Sin más.

El organismo municipal que lo ha hecho ha sido Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio, SA entidad que gestiona la cultura, el turismo y el patrimonio inmobiliario del Ayuntamiento. Se creó en octubre del pasado año y nace de la fusión de Macsa, Madrid Visitors & Convention Bureau y Madridec. Un portavoz de la entidad lo justificó por razones «técnicas» y de «urgencia» que sólo hubiesen ofrecido el contrato a Eulen. En España hay casi 1.500 empresas de seguridad y el contrato vencía en abril, seis meses después de haber nacido.

Madrid Destino decidió unificar los diferentes contratos de seguridad en sus distintos organismos dependientes para reducir costes.

La entidad se encontró que la mayor parte de esos contratos de seguridad finalizaban en septiembre pero los del área de cultura, concretamente el Teatro Español, el Teatro Fernán Gómez, el Teatro Circo Price, Matadero y Medialab Prado, lo hacían el 31 de marzo. Es decir, que tuvo de octubre, cuando nació, a marzo para solventar el problema que le iba a venir, seis meses.

En lugar de convocar un concurso nuevo, llegó abril y se decidió adjudicar un contrato nuevo de seis meses mediante procedimiento negociado, de abril a septiembre, a la empresa que ya estaba dando el servicio, Eulen. El contrato unitario, el que daría servicio a todas las dependencias de Madrid Destino, se ha sacado a licitación el 15 de julio por 2.435.601,44 euros y está previsto que entre en vigor el próximo 29 de septiembre .

Reconoce que sólo negocio con Eulen por criterios «técnicos» y de «urgencia»

Pero es que Madrid Destino ha adjudicado este contrato-parche de seis meses en contra de lo que establece la ley, y lo dice el propio Ayuntamiento. Esto es lo que afirma el organismo municipal supervisor de estos procedimientos. «Esta propuesta de contratación no se enmarcaría en ninguno de los supuestos que establece el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) para la realización de un contrato por procedimiento negociado. La propuesta de contratación planteada no se ajusta a la normativa contractual de aplicación», asegura la Dirección General del Sector Público del Ayuntamiento de Madrid en un informe del 31 de marzo al que ha tenido acceso este diario.

Pero es que en ese informe, los responsables de Madrid Destino tratan de justificar la adjudicación a Eulen por que la entidad «está acometiendo un cambio de modelo de gestión para unificar las tres áreas» y considera «imprescindible hacer antes un estudio de necesidades y requerimientos globales de la empresa para poder licitar expedientes unificados».

Por todo ello, asegura: «Hasta que dicho modelo de gestión esté consolidado, se propone mantener la continuidad del servicio con el actual adjudicatario Eulen, durante seis meses del 1 de abril al 28 de septiembre». En ningún momento habla de que se haya invitado a otras entidades a participar de ese procedimiento negociado. El supervisor deja claro que se encuentra dentro del modelo de «contratación armonizada», en consonancia con la normativa europea y que se ve sujeto a las reglas que establece el TRLCSP.

Los procesos negociados son usado por la Administración para dar un servicio muy específico, especializado que sólo pueden dar entidades muy concretas y cuando se dan circunstancias excepcionales. Es obligado tener un mínimo de tres propuestas para decidir y los organismos supervisores (Tribunal de Cuentas) recomiendan que no se utilice que este procedimiento por ser discrecional y opaco.

La ley obliga en los contratos negociados que se consulte, al menos, tres propuestas

Este diario se puso en contacto con Madrid Destino para conocer el motivo por el que se había optado por este modelo de contratación, ya que la Seguridad no es sector muy especializado. Según un informe de la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad de 2012, el Ministerio del Interior tenía registradas 1.490 empresas. No hubo respuesta ni tampoco al insistir sobre el nombre de las otras dos propuestas que se deberían haber estudiado, además de la vencedora.

«Se gestionó mediante procedimiento negociado, en virtud del artículo 170 d) y e) del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el TRLCSP por lo que se negoció con la única empresa que podría prestar el servicio, la empresa adjudicataria del contrato en vigor, justificado tanto por razones técnicas como por razones de urgencia», precisó un portavoz de la entidad. Reconoce que tan sólo trató el asunto con Eulen.

Hay que recordar que la empresa pública nació en octubre del pasado año y que los contratos de seguridad vencían el 31 de marzo. Si a esto se añade la existencia de casi 1.500 empresas de seguridad en España, deja, cuanto menos en cuestión, las argumentaciones para negociar sólo el contrato a Eulen y adjudicárselo: «Razones técnicas» y de «urgencia».

Además, a todo esto se suma que no hay ni un sólo registro sobre el asunto en la web oficial de Madrid Destino y tampoco ha facilitado la referencia de la convocatoria del contrato o del procedimiento utilizado. La entidad publica todos las licitaciones, el procedimiento que se va a seguir, así como las adjudicaciones en su web. Este contrato no aparece ni en licitaciones ni en adjudicaciones. Sí consta la convocatoria del contrato unitario de seguridad para todas las dependencias de Madrid Destino, el que ha salido a concurso por 2,4 millones.

Un día después de pedir su versión, justificaban su decisión por que «era necesario garantizar el servicio de seguridad hasta la adjudicación del nuevo contrato».

 

Para UPyD es un contrato «nulo» e «ilegal»

Para la portavoz de Las Artes de UPyD, Patricia García, «el problema es que ese mal llamado procedimiento no existe, se lo han inventado. Es ilegal, pues no está contemplado en la normativa de contratación pública, legislación a la que Madrid Destino está sujeta, como empresa cien por cien pública». La concejala magenta entiende que estos contratos «son nulos, no existen a efectos de Derecho público, que es el ordenamiento que hubiera tenido que regir su preparación y adjudicación. No han cumplido con la ley», sentencia. Además, la edil asegura, que hay disparidad entre la fecha que figura en el contrato (1 de abril de 2014) y la que se firmó realmente (que entiende que sería el 29 de abril). También dice «que es la propia empresa adjudicataria la que estipula que el contrato se divida en dos (el de auxiliares con Eulen y el de vigilantes con Eulen Seguridad), ambos por encima de los 200.000 euros». «O por inutilidad, porque no se han acordado de licitar a tiempo, o por interés, para favorecer a la adjudicataria, el Ayuntamiento se encuentra con que vencen unos contratos que no pueden prorrogar. Entonces se saltan a la torera la ley que están obligados a cumplir inventándose un procedimiento. Para darle un barniz de legalidad piden informe a la DG Sector Público. Y cuando ésta se manifiesta en contra, deciden ignorarlo y seguir adelante. Es decir, para arreglar una negligencia cometen una ilegalidad», dice.

http://www.elmundo.es/madrid/2014/07/27/53d538fdca474124518b457f.html

 

¡READMISIÓN YA!

 

Un edificio protegido del XVII, en ruina por el abandono municipal (EL PAÍS)

  • El Ayuntamiento lo compró en 1991 para vivienda social y ahora deberá derribarlo
  • El PP ultima la venta del inmueble tras no conservarlo ni darle uso durante 23 años

Edificio histórico municipal en estado de ruina en la calle Corredera Baja de San Pablo, 20. /CARLOS ROSILLO

El Ayuntamiento de Madrid (PP) ha dejado que un edificio del siglo XVII en pleno corazón de la ciudad, protegido por su valor histórico-artístico —perteneció a la Orden de los Caballeros de Malta, que plantaron su cruz en el pórtico de entrada— y que compró en 1991 para convertirlo en pisos y equipamientos sociales, se haya deteriorado por abandono y falta de mantenimiento. Hasta tal punto es así que el área de Urbanismo ha decretado ahora su derribo por ruina inminente, al constituir incluso un peligro para las personas e inmuebles de la zona, según detalla la documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS.

Su propietario, la Empresa Municipal de la Vivienda, planea venderlo a corto plazo para remendar sus precarias cuentas, en alerta roja por pérdidas millonarias.

El edificio, de 711 metros cuadrados y tres plantas, se alza en el número 20 de la Corredera Baja de San Pablo, en el distrito Centro, e incluye otro anejo en el número 39 de la calle del Barco.

Construido en el siglo XVII, fue propiedad de los señores Andrés de Ayala Godoy y Juan Simón del Valle (que pagó 750 maravedíes). A mediados del siglo XVIII pasó a manos de la Orden de Malta, pudiendo servir como hospedería para caballeros.

Tras la Desamortización de Mendizábal albergó viviendas (allí residió la madre del poeta Antonio Machado) y oficinas. Un obús lo agrietó durante la Guerra Civil, pero su ruina comenzó a gestarse en 1991, cuando el Ayuntamiento lo compró y echó a sus ocupantes entre pleitos y desahucios. Una vez vacío, prometió en primera instancia construir una guardería y viviendas sociales.

En 2006, el exalcalde y ahora ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón (PP), presupuestó cinco millones de euros para reconvertirlo, junto a otros edificios de la zona, en viviendas sociales. Ese proyecto nunca se llevó a cabo, y el inmueble siguió abandonado.

En 2011, Gallardón decidió subastarlo. “No nos compensa rehabilitarlo a precio de vivienda protegida, es mejor que lo haga un privado” para venderlo a precio libre, explicó el Ayuntamiento. Se subastó por 11 millones de euros. Nadie lo quiso. A finales de 2011 volvió a subastarse por 4,7 millones. Nadie lo quiso. Así que siguió abandonado. Aunque no del todo.

En enero de 2011, fue okupado por el colectivo del Patio Maravillas. Para evitar su venta y convertirlo en centro social, un grupo de arquitectos, arqueólogos y otros profesionales amparados por la asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio redactó un completo proyecto de rehabilitación. En él participaron también Ecologistas en Acción, Arquitectos sin Fronteras, la Asamblea de Ciudadanos del Barrio de Universidad, etcétera. El edificio iba a alojar a asociaciones vecinales y escolares, espacios de trabajo para autónomos y cooperativas, talleres de danza, teatro o escritura… Se pidió su cesión, haciéndose cargo el grupo de financiar su rehabilitación con “técnicas artesanales y participativas”. Pero Gallardón expulsó a los okupas y desechó el plan. Y el edificio siguió abandonado.

El alcalde prometió venderlo para, con el dinero, construir vivienda social. Ahora está a punto al fin de cerrarse la operación, pero el dinero no servirá ya para ese fin porque la alcaldesa, Ana Botella, anunció en 2012 que no volvería a construir vivienda social.

El edificio de la Corredera Baja de San Pablo goza de protección integral, y el anejo de la calle del Barco tiene blindadas las fachadas y escaleras. Forman parte del entorno histórico de la iglesia de San Antonio de los Alemanes.

Ya en 1997, seis años después de su compra, el Ayuntamiento adoptó medidas “provisionales” para evitar su deterioro. La Empresa Municipal de la Vivienda tramitó una licencia para rehabilitarlo en 2004. Y en 2006. Y en 2007. Y en 2009. “A día de hoy, las obras no han dado comienzo”, señala Urbanismo, que admite desconocer el motivo del retraso y “el destino final del edificio”.

En febrero de 2014, Urbanismo realizó una inspección y descubrió que su estado había “empeorado considerablemente” respecto a la última visita, en 2008, “debido al precario mantenimiento que ha estado sometido” por parte de la empresa pública. Así que decretó su estado de ruina física inminente parcial y ordenó la demolición inmediata de las zonas más dañadas, que estaban precisamente entre aquellas de conservación obligatoria.

La Comisión Local de Patrimonio Histórico, controlada por el Gobierno regional (PP), dio el visto bueno. No cuestionó el abandono por parte del Ayuntamiento durante más de dos décadas, pero sí advirtió de que iniciaría “los trámites oportunos por el incumplimiento del deber de conservación” en caso de tomarse medidas inmediatas. La medida inmediata del Ayuntamiento ha sido acelerar la venta del edificio, que compró para convertir en viviendas sociales y del que se desprenderá ahora medio derruido.

“Se dilapida un bien histórico”

  •  “La Empresa Municipal de la Vivienda no solo no ha cumplido con la obligación de todo propietario de mantener su propiedad en condiciones de seguridad, sino que este incumplimiento ha afectado a un bien protegido”, denuncia el concejal de UPyD Mariano Palacios.
  • “Como consecuencia de esa mala gestión, ahora tenemos una ruina inminente.Detrás de este problema está la desidia del Ayuntamiento, que permite que una empresa municipal dilapide patrimonio protegido. Ya que ahora la ciudad no puede asumir grandes inversiones, lo mínimo que tiene que hacer el Ayuntamiento es cuidar lo que ya tiene”, concluye Palacios.

Desatención bajo investigación judicial

La Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid dicta que “los propietarios de edificios tienen el deber de mantenerlos, realizando los trabajos y obras precisas para conservarlos o rehabilitarlos”. Y la Ley regional de Protección del Patrimonio puntualiza: “Los propietarios de bienes integrantes del patrimonio histórico están obligados a conservarlos, mantenerlos, custodiarlos, cuidarlos y protegerlos debidamente para asegurar su integridad y evitar su pérdida, destrucción o deterioro de conformidad”.

El Ayuntamiento ha admitido que “el incumplimiento del deber de conservación implica, además de los problemas de seguridad derivados, un incumplimiento en el deber de protección del patrimonio histórico”. Podría estar refiriéndose al edificio de la Corredera Baja de San Pablo. O a la casa blasonada del siglo XVII que expropió hace una década en la calle de Embajadores para construir un equipamiento social y que, debido a la falta de cuidados, tuvo que tirar en 2012 por su estado de ruina pese a ser un edificio protegido. O al palacio de la Duquesa de Sueca, en el número 2 de la plaza del Duque de Alba, también expropiado para construir equipamientos sociales, también abandonado, también con la máxima protección histórica, también en estado de ruina y a punto del derribo. Y, como la casa de Embajadores, también bajo investigación de la Fiscalía Provincial de Madrid por si ese abandono del Ayuntamiento fuera constitutivo de un delito contra el patrimonio histórico.

 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/07/21/madrid/1405967866_641895.html

 

¡READMISIÓN YA!

 

Desde ya

Patricia García.

Concejal de UPyD en el Ayuntamiento de Madrid.

 

Durante el último Pleno del Ayuntamiento de Madrid planteé una pregunta, dirigida al Concejal Delegado de Las Artes, Deportes y Turismo, a propósito de la inminente celebración en el centro cultural Conde Duque de la recepción anual ofrecida por la embajada de EEUU con motivo de la fiesta nacional de ese país el día 4 de julio.

Vaya por delante que el motivo de la pregunta no era quién celebraba la fiesta. Tengo claro, y así lo manifesté durante mi intervención, que la delegación norteamericana en Madrid es sin duda un colectivo de interés, y creo que es labor del Ayuntamiento detectar y “cuidar” este tipo de colectivos tan importantes para la inversión y el turismo de nuestra ciudad.

De lo que se trata es de denunciar la creciente costumbre de celebrar eventos privados en espacios públicos. Porque no todo vale, y entre lo que no vale se encuentra la progresiva tendencia del Ayuntamiento de Madrid a mercantilizar espacios y dotaciones públicas pensadas, construidas y pagadas para proporcionar una serie de servicios (administrativos, culturales, deportivos, etcétera) dirigidos a todos los madrileños. En la remodelación de Conde Duque, para que se hagan una idea, se nos han ido 70 millones de euros del contribuyente.

Por eso esta celebración nos planteaba muchas dudas, la principal de las cuales era cómo iba a afectar al funcionamiento ordinario de las instituciones que alberga este gran centro cultural y que, para quien no esté familiarizado con él, enumero: la Biblioteca Musical, la Biblioteca Histórica, una Biblioteca Pública, el Archivo de Villa, la Hemeroteca, tres salas de exposiciones, un teatro, un auditorio… Me hubiera gustado incluir el Museo de Arte Contemporáneo en esta lista, pero creo que, como lleva cuatro años cerrado, por esta vez me lo voy a saltar.

Personalmente, creo que mis dudas eran fundadas, sobre todo por la falta de transparencia que ha rodeado la organización del evento. Alrededor del día 16 ó 17 de junio el hecho era más o menos conocido: por ejemplo, sabíamos que la prensa ya había recibido las invitaciones. Sin embargo, no se había notificado ni a los empleados municipales que trabajan en Conde Duque ni a los usuarios.

Como sucede siempre que las cosas no están claras, los rumores se dispararon: que si se iba a cerrar la tarde de la fiesta, que si se iba a cerrar todo el día, o dos días completos, que si no se iba a cerrar pero se habilitarían las salidas de emergencia para que los usuarios accedieran a las instalaciones (ya que las entradas principales quedaban reservadas en exclusiva a los invitados a la recepción), que si se iba a cortar la calle… Incluso se habló de instalar un castillo de fuegos artificiales en uno de los patios, idea que afortunadamente se desechó.

Sea como fuere, el caso es que, por una vez, el Concejal estuvo claro en sus respuestas: no habría fuegos artificiales y los servicios culturales no se verían afectados por la fiesta, exceptuando las salas de posiciones, que cerrarían dos horas antes de lo habitual. A este respecto, es curioso mencionar que, según el Concejal, precisamente el viernes por la tarde es al parecer el momento en que estas salas reciben menos visitantes. Francamente, discrepo; pero en fin, él sabrá. Para el teatro y el auditorio, sencillamente ese día no se había programado nada, lo que convendrán conmigo en que resultaba muy conveniente para no tener nada que cancelar. Me fui del Pleno, en definitiva, con la promesa de que al menos las bibliotecas y la Hemeroteca permanecerían abiertas hasta las nueve de la noche.

Bueno, pues no fue así. El viernes, a las siete de la tarde, se dio orden de desalojar la Hemeroteca y las bibliotecas. Por lo visto, no se conoce de dónde o de quién partió la iniciativa. Lo único que se sabe es que hubo un desbarajuste tremendo que terminó como cabía esperar: con el cierre anticipado de unos servicios públicos con motivo de una celebración privada.

Pediré explicaciones, por supuesto, pero dudo mucho que me las puedan o me las sepan dar. Porque lo cierto es que el desbarajuste es el modo de vida del Área de Las Artes del Ayuntamiento de Madrid. En Conde Duque no existe un coordinador que se ocupe de las incidencias que puedan darse en los sesenta mil metros cuadrados del edificio. Hay además una especie de dualidad orgánica y funcional, porque la mayor parte de los servicios que se alojan en el complejo depende directamente del Área de Las Artes (y, concretamente, de la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Museos) pero la organización de los eventos se la encomienda a la empresa municipal Madrid Destino , que mantiene empleados allí de forma fija a pesar de no tener ningún tipo de responsabilidad designada en el edificio, situación que el gobierno municipal lleva más de dos años prometiendo que va a regularizar. En definitiva, un desbarajuste institucionalizado en el que se han impuesto las órdenes verbales dadas por cualquiera, porque todo el mundo está acostumbrado a que nadie sabe muy bien quién manda allí y quien debería mandar suele estar desaparecido.

Tampoco se cumplió, o al menos no de forma satisfactoria, la otra promesa que me llevé del Pleno: que se iba a dar cumplida información a trabajadores y usuarios inmediatamente. “Desde ya“, fue lo que textualmente dijo el concejal.

Pero pasaron los días. En Conde Duque comenzó el montaje; la embajada de EEUU comunicó a la prensa detalles del evento…. y el Ayuntamiento seguía sin hacerlo público, ni en la web ni en el mismo Conde Duque. No hubo información en la web hasta el 2 de julio (dos días antes del evento y ocho días después de la respuesta del concejal), y tan escondida que sólo la encontramos quienes la buscábamos expresamente. Ni se llegaron a poner anuncios dignos de ese nombre en el propio centro, a excepción de un par de folios pegados en sendas paredes.

En resumen, el típico desastre al que nos tiene acostumbrados el Ayuntamiento de Madrid. Otro día les puedo contar cómo, tres días después de este incidente, seiscientas personas que guardaban cola para estrenar el cine de verano de Conde Duque se tuvieron que volver a casa por un quítame allá esas licencias. Vamos, que no aprenden. Y no creo que les importe. Sencillamente, y tal como les decía antes, el Ayuntamiento prioriza el potencial rendimiento económico de los espacios culturales y deportivos sobre la oferta de un servicio público de calidad, y el caso del cine de verano es paradigmático: una fina capa de actividad cultural para barnizar lo que no es sino la instalación de una terraza de temporada. Por eso las cosas se hacen como se hacen: sin planificar, de forma improvisada y a última hora. Y pasa lo que pasa: que no hubo cine, pero terraza sí.

Lo único que a estas alturas puedo pedirle al Concejal de las Artes, Deportes y Turismo es que, “desde ya”, empiece a tomarse en serio el Centro Cultural Conde Duque y actúe en consecuencia. Los madrileños se lo agradecerán.

 

http://www.madridiario.es/noticia/opinion/patricia-garcia/413695

 

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