Patricia García.
Concejal de UPyD en el Ayuntamiento de Madrid.

Si algo me desagrada de la confrontación política es la tendencia, cada vez más acusada, de presentar como interpretables o sujetos a opinión asuntos, temas o datos que pertenecen a la esfera de los hechos ciertos y probados, con el objetivo de banalizarlos primero y justificarlos a continuación. Es decir, para justificar lo injustificable.

Esto es lo que ha hecho la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, por boca del Concejal Delegado de Las Artes, Deportes y Turismo, cuando ha tenido que enfrentarse a lo que debía haber constituido un escándalo mayúsculo: la adjudicación a dedo de diversos contratos (de importe además muy abultado) por parte de una empresa de capital íntegramente municipal, que ha sido descrito no como la gravísima irregularidad que es, sino como un mero «error» o «desajuste» de carácter menor sobrevenido de la forma más tonta durante un complicado proceso de fusión de empresas públicas municipales.

Vamos a examinar los hechos ciertos, y vamos a ver después qué interpretación cabe darles.

Primer hecho cierto: la empresa municipal Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio, S.A., que tiene encomendada en Madrid nada menos que la gestión de la cultura, el turismo y algunos importantes bienes patrimoniales del Ayuntamiento, ha estado adjudicando contratos sin sacarlos a concurso; es decir: saltándose flagrantemente la Ley de Contratos del Sector Público.

No se trata de una sospecha: es un hecho probado y reconocido por la propia empresa con respecto a, por lo menos, tres contratos importantes relacionados con cinco equipamientos culturales emblemáticos (Teatro Fernán Gómez, Teatro Español, Matadero, Medialab-Prado y Teatro Circo Price): dos contratos de seguridad y vigilancia por importe de 900.000 euros y un contrato de limpieza por importe de 800.000. En total, 1,7 millones de euros de dinero público (más de dos millones, si añadimos el IVA) gestionados sin control por el equipo directivo que los responsables del Ayuntamiento han puesto al frente de una empresa pública. Y digo «por lo menos», porque (y esto reconozco que sí es una sospecha) no puedo dejar de pensar que tienen que existir más contratos de esta naturaleza, habida cuenta de la facilidad con la que han reconocido la existencia de los que de momento hemos descubierto, la tranquilidad con la que han creído dar una explicación convincente y la prisa con la que han pretendido finiquitar el asunto con la suspensión de dos meses de empleo y sueldo del responsable de contratación.

En fin, una se sentiría tentada de creer que la salida a la luz de estas prácticas contractuales absolutamente irregulares habría supuesto una conmoción tremenda cuya única conclusión posible sería el cese inmediato de todos aquellos directivos de la empresa sin cuya participación hubiera sido imposible llevar a cabo tan manifiesta ilegalidad. Les pongo al día: como el puesto de Consejero Delegado está vacante desde el fallecimiento de quien lo detentaba, la empresa parece estar dirigida en estos momentos por un órgano colegiado conocido como «Comité de Dirección» que creemos integrado por los distintos directores generales de los diversos departamentos que la estructuran.

Creemos, ya que no lo sabemos: todos nuestros esfuerzos para obtener información acerca de quiénes componen este comité, sus atribuciones y responsabilidades y el acto por el que fueron nombrados han sido nulos, en un alarde de opacidad que yo creo que no tiene parangón en ninguna otra empresa del sector público español.

Sea como fuere (y aquí voy al segundo hecho cierto), los miembros de este misterioso Comité de Dirección tienen firma mancomunada. En el caso concreto que nos ocupa, los contratos de seguridad y limpieza que se adjudicaron de forma irregular cuentan con tres firmas: las de los directores de Operaciones, Contratación y Económico-Financiero. La primera pregunta que cabe hacerse es: si fue necesaria la colaboración de todos ellos, ¿por qué entonces sólo se han aplicado sanciones a uno de los tres? Hilando más fino, cabe preguntarse incluso por qué ha habido que aplicar sanciones, si realmente todo no fue más que producto de un error… ¿En qué quedamos?

Pero es que además hay una cuarta persona, el director de Márketing y Ventas, que por lo menos desde el mes de marzo viene actuando como primus inter pares en el Comité de Dirección. Por supuesto, también sin nombramiento y sin que nadie sepa muy bien cuál es el cargo que ocupa. Durante un tiempo se estuvo presentando a sí mismo como «Director General«, cargo inexistente en los estatutos de la empresa y para el que, en cualquier caso, no ha sido oficialmente nombrado; a raíz del descubrimiento de estos contratos y su posterior repercusión en prensa, he visto que ahora se presenta como «Gerente», aunque de nuevo se trata de un cargo inventado y sin nombramiento oficial. Y el propio Concejal Delegado lo definió durante su intervención en el Pleno como la persona que «encabeza» la empresa. Por lo tanto, y al margen de que estos contratos lleven o no su firma, debería igualmente ser considerado responsable de los mismos.

Ítem más, existe un tercer hecho cierto: que quienes decidieron adjudicar contratos sin someterse a ninguno de los procedimientos amparados por la ley lo hicieron con notable conocimiento de causa y absoluta premeditación.

En primer lugar, porque existe un informe de la Dirección General de Sector Público (informe que es preceptivo obtener para realizar cualquier contratación que supere los 500.000 euros), que les advierte muy claramente de que lo que pretenden llevar a cabo no se ajusta a la normativa. En segundo lugar, porque no se trató en absoluto de un hecho sobrevenido, como pareció dar a entender el Concejal Delegado en su justificación: cuando Madrid Destino se constituyó, el 1 de octubre de 2013, faltaban seis meses completos para que se extinguieran los contratos entonces en vigor, tiempo más que suficiente para sacar a concurso los nuevos pliegos, tratándose además, como se trata, de unos servicios que no son imprevistos, ya que tanto la seguridad como la limpieza de los equipamientos públicos son gastos fijos y recurrentes.

En definitiva, estos son los hechos probados en torno a la firma de estos contratos, al menos los más relevantes, a la luz de los cuales estos cuatro cargos directivos, que necesariamente han tenido que colaborar para adjudicar contratos fuera de la ley, y que además han actuado con total premeditación y conocimiento de la normativa que se estaban saltando, deberían haber sido cesados de inmediato. El Ayuntamiento podría incluso exigirles mayores responsabilidades, ya que han actuado en su nombre de manera ilegal. Pero no ha sido así: desde el Ayuntamiento se ha tratado todo como un asunto menor, de naturaleza más bien burocrática, y se ha ventilado de forma absolutamente superficial.

En esta situación, y más en unos momentos en los que la ciudadanía está pidiendo a gritos un mayor control del dinero público y un decidido avance en transparencia, cuando hasta el gobierno de Mariano Rajoy, tan reticente hasta ahora, aparenta que está empezando a apostar (si bien con la boca pequeña) por implantar medidas de regeneración democrática, lo lógico sería que el gobierno del Partido Popular del Ayuntamiento de Madrid hubiera actuado con decisión y contundencia ante unas prácticas tan irregulares cometidas por personas de su confianza, en lugar de apoyarlos sin reservas, que es lo que ha hecho.

Vistos los hechos, les ofrezco mi interpretación: a quienes forman la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, a quienes han recibido el encargo ciudadano de velar por los asuntos públicos de nuestra ciudad, no les preocupa ni les inquieta que personas de su confianza actúen con opacidad y al margen de la normativa en su gestión de lo que es de todos. Esto se llama, sencillamente, corrupción.

http://www.madridiario.es/noticia/opinion/patricia-garcia/414320