Categoría: FCC paraliza las obras de la Peineta

El encarecimiento de La Peineta bloquea la mudanza del Atlético (EL PAIS)

  • La operación, que debía salirle al club a coste cero, amenazó hace unas semanas con encarecerse en casi 40 millones de euros por un desacuerdo entre el Ayuntamiento y la Comunidad

Vista de las obras de La Peineta, el pasado marzo. / LUIS SEVILLANO

El traslado del Atlético de Madrid al estadio de La Peineta se enfrenta a un nuevo obstáculo político y económico. La operación, que debía salirle al club a coste cero, amenazó hace unas semanas con encarecerse en casi 40 millones de euros por un desacuerdo entre el Ayuntamiento y la Comunidad sobre las cargas urbanísticas. El club, que no está dispuesto a abonar esa cantidad, prefirió paralizar la operación a la espera de un nuevo gobierno. Pero la victoria de Ahora Madrid en las elecciones de mayo puede complicar aún más su futuro e incluso desembocar en el pago de una indemnización millonaria.

El entonces alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón (PP), presentó el proyecto para convertir La Peineta en estadio olímpico en julio de 2004. Para asegurarse de que la instalación tuviera uso después de los Juegos, Gallardón firmó en diciembre de 2009 un convenio con el Atlético para que abandonara el Vicente Calderón y se mudara al nuevo estadio construido en una parcela municipal del distrito de San Blas. La fecha prevista para el traslado era 2012, aunque fue retrasándose al ritmo de los sucesivos fracasos olímpicos y por la crisis económica, hasta fijarse en la temporada 2017-2018.

Aquel convenio obligaba al Atlético a comprar o alquilar el suelo donde se iba a levantar La Peineta —el antiguo estadio que había ya construido se valoró en cero euros por su “importante estado de deterioro”, y se acordó su derribo—. La parcela municipal, de 88.150 metros cuadrados, fue tasada en 41,2 millones de euros. El club debía además construir el nuevo campo, con 73.000 asientos (20.000 más que el Calderón) y valorado en 195 millones.

Para sufragar todos esos gastos, el club firmó un acuerdo con Fomento de Construcciones y Contrata (FCC) y Mahou (dueña de un terreno junto al Calderón) para construir 2.000 pisos en la parcela del estadio. Pero FCC advirtió el pasado 4 de noviembre de que no le salían las cuentas: la caída del precio de la vivienda impedía costear su parte de la operación con la venta de esos pisos.

Meses antes, en febrero de 2014, el Atlético se había dirigido por su parte al Ayuntamiento para negociar sobre La Peineta.

El convenio acordó entregar al club la parcela municipal de San Blas en régimen de concesión hasta abril de 2017 para efectuar las obras. Una vez finalizadas, el Atlético podría comprar la parcela y convertirse así en propietario de su estadio. El precio estipulado en el convenio ascendía a 41,2 millones de euros, pero recientemente se actualizó mediante una tasación hasta los 44,5 millones.

A esa cantidad habría que descontarle, en cualquier caso, 4,4 millones por la instalación de una base permanente de los servicios de emergencia municipales en la parcela; y otros 6,2 millones abonados ya al Ayuntamiento por el club mediante la entrega de 126.395 entradas para partidos de fútbol entre 2009 y 2014 (una fórmula prevista en el convenio).

En total, el precio se quedaba así en 33,9 millones de euros.

Pero para realizar la venta era necesario además cambiar el planeamiento urbanístico; la parcela en cuestión estaba calificada como de uso público deportivo, y por tanto no podía ser enajenada. La modificación urbanística planeada por el Ayuntamiento la convertiría en suelo deportivo de uso privado, pudiendo ser adquirida así por el Atlético. Pero a la hora de aprobar la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana del ámbito de La Peineta, el Ayuntamiento se encontró con que el Gobierno regional discrepaba sobre las cargas urbanísticas que debía abonar el club.

Según los cálculos de la Comunidad, el precio se elevaba a 78 millones, casi el doble de lo acordado con el Ayuntamiento. El Atlético decidió entonces paralizar la operación urbanística y dejarla en manos de los nuevos gobiernos municipal y regional salidos de las urnas en mayo.

En manos de Carmena

El problema al que se enfrenta ahora es que la candidata de Ahora Madrid, Manuela Carmena, que será investida alcaldesa el día 13 con el anunciado apoyo del PSOE, está en contra de la enajenación de suelo público, lo que impediría la venta de la parcela fuera cuál fuera el precio.

El convenio firmado en 2017 prevé dos alternativas en caso de que el Atlético no pueda hacerse en propiedad con la parcela. La primera es mudarse a La Peineta en régimen de alquiler: el estadio sería municipal, y el equipo pagaría un canon anual de 1,6 millones durante los próximos 75 años. Esta opción ha sido descartada de plano por el club, según fuentes conocedoras de la negociación.

La otra opción prevista en el convenio es que el Atlético se quede en el Calderón y sea indemnizado por el Ayuntamiento por la construcción del estadio con una cantidad que superaría los 200 millones. El club apuesta por hacerse con la propiedad del estadio, pero en caso de una negociación politica complicada con el nuevo gobierno municipal siempre tendría este argumento de su lado. La fecha límite para resolver este entuerto: finales de 2016.

Dos recursos amenazan la operación del Vicente Calderón

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló en abril el plan urbanístico aprobado en 2009 por el Ayuntamiento para que el Atlético construyera 2.000 pisos en la parcela que ahora ocupa el estadio Vicente Calderón. Pero en esa sentencia, los magistrados no sólo tumbaron el plan de 2009, sino que avanzaron una argumentación que afectaría también negativamente al nuevo plan aprobado por el Ayuntamiento en 2014 para sustituir al anterior. Ese nuevo plan ya ha sido recurrido tanto por la asociación Señales de Humo como por Ecologistas en Acción.

El plan de 2009 fue anulado por el tribunal por incumplir la ley regional del suelo: el proyecto preveía la construcción de torres de 17 pisos, cuando la norma aprobada por Esperanza Aguirre (PP) en 2007 limita a cuatro alturas las nuevas edificaciones en la región.

El nuevo plan de 2014, ahora vigente pero a expensas del dictamen judicial, también incluye edificios que superan ese límite (en concreto, dos rascacielos gemelos de 36 pisos y ocho bloques de hasta 22). El Gobierno regional cambió la ley del suelo en abril de 2013 para desbloquear la operación junto al río Manzanares (y otras, como la ampliación hacia el norte del paseo de la Castellana).

Pero en su sentencia de abril, los magistrados consideran que el ámbito del Calderón sigue afectado por la limitación de cuatro alturas pese a ese cambio.

El plan actual sigue pues en vigor, pero previsiblemente podría ser anulado también por el tribunal cuando examine los dos recursos ya interpuestos.

Cuatro obstáculos para el cambio de campo

El elevado precio del sueloEl Atlético deberá pagar hasta 78 millones por la parcela de La Peineta, casi el doble del precio acordado con el Ayuntamiento.

La negociación con FCC La Peineta debía sufragarse con la venta de 2.000 pisos junto al río Manzanares, pero a FCC no le salen las cuentas.

La amenaza judicialEcologistas en Acción y Señales de Humo han interpuesto recursos contra el plan para construir pisos en el Calderón.

El cambio de gobierno La futura alcaldesa, Manuela Carmena, se opone a la enajenación de suelo público, y podría vetar la venta de la parcela.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/06/07/madrid/1433708879_830072.html

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Botella cambia el plan urbanístico para que el Atlético compre La Peineta (EL PAÍS)

  • El club pagará más de 40 millones al Ayuntamiento, el 15% en entradas de fútbol

Bruno García Gallo

Estado de las obras del nuevo estadio del Atlético de Madrid en marzo del año pasado. / ULY MARTÍN

El Atlético de Madrid podrá comprar en 2017 el suelo municipal sobre el que está construyendo el nuevo estadio de La Peineta, en el distrito de San Blas, evitándose así el pago de un alquiler anual de casi dos millones de euros al Ayuntamiento de la capital hasta casi final del siglo. Esto será posible gracias a que el gobierno local, regido por Ana Botella (PP), ha cambiado la calificación de la parcela, que hasta ahora tenía un uso público y por tanto no podía ser enajenada, según explicaron a EL PAÍS fuentes municipales.

Una vez completada la modificación urbanística, el suelo seguirá siendo de utilidad exclusivamente deportiva, pero admitirá un uso privado. De esta forma, el Ayuntamiento podrá vender la parcela al club en 2017, tal y como estipulaba el convenio que firmaron en 2008 para cerrar el traslado del equipo del estadio Vicente Calderón a La Peineta. Las obras del nuevo campo concluirán previsiblemente ese año.

Sin embargo, toda la operación, tanto en San Blas como a las orillas del río Manzanares, sigue en el aire, puesto que el Atlético ha pedido al Ayuntamiento que revise las condiciones de su convenio; y Fomento de Construcción y Contratas (FCC), encargada de levantar el nuevo estadio, ha solicitado también un ajuste de los cálculos económicos en su acuerdo privado con el club, e incluso ha paralizado las obras.

El Ayuntamiento y el club están renegociando el convenio que firmaron en 2008

La historia se remonta 10 años atrás. El exalcalde Alberto Ruiz-Gallardón (PP) presentó en julio de 2004 el primer proyecto para remodelar La Peineta y convertirla en estadio olímpico dentro de la candidatura para organizar los Juegos de 2012. Para asegurar su uso posterior, negoció con el Atlético su mudanza desde el Calderón, cuyo suelo se recalificaría para construir viviendas. En diciembre de 2009, tras casi año y medio de negociaciones, el Ayuntamiento y el club firmaron finalmente un convenio patrimonial que fijaba la mudanza para 2012.

Las sucesivas derrotas de Madrid 2012, 2016 y 2020 no paralizaron el plan pero sí permitieron ir aplazando las obras, un retraso favorecido también por la crisis.

El convenio indicaba que La Peineta estaba “infrautilizada dada la escasa demanda social” de un estadio que en 1994 había costado 50 millones de euros, y reseñaba además su “importante estado de deterioro”. Así, el valor del campo se cifró en cero euros.

El Atlético se comprometió a comprar la parcela municipal, de 88.150 metros cuadrados y tasada en 41,2 millones de euros, y a construir sobre ella un nuevo estadio de 73.000 asientos (20.000 más que el Calderón) valorado en 195 millones (IVA excluido).

FCC ha parado la construcción para ajustar su acuerdo económico con los rojiblancos

Para sufragar la construcción del nuevo campo, el Atlético firmó en 2010 un acuerdo con FCC y Mahou. La constructora derribaría el Calderón y la fábrica de cerveza contigua, y levantaría en esos terrenos 2.000 viviendas, cuya venta cubriría las obras de La Peineta. El pasado 4 de noviembre, sin embargo, la constructora informó de que no le salían las cuentas. Debido al derrumbe del mercado inmobiliario y la inseguridad jurídica derivada de los diversos procesos judiciales en contra de la operación, FCC paralizó “de forma momentánea” la obra y exigió al Atlético replantear las condiciones económicas del acuerdo cerrado en 2010.

El club, por su parte, ya se había dirigido meses antes al Ayuntamiento. En una carta fechada el 28 de febrero a la que ha tenido acceso EL PAÍS, le instaba a “actualizar” el convenio patrimonial.

Fuentes del área municipal de Hacienda han indicado que esa negociación se encuentra todavía en una fase “muy incipiente”.

El convenio del Ayuntamiento y el club, tal y como fue redactado en 2008, incluía una sucesión laberíntica de posibilidades, supeditadas a que el suelo pudiera finalmente venderse al Atlético previa modificación urbanística, y a que Madrid obtuviera o no los Juegos en 2016, 2020 e incluso 2024.

Un mes después de la firma del acuerdo, el Ayuntamiento cedió la parcela de San Blas al Atlético en régimen de concesión para que pudiera comenzar la obra.

Esa concesión finalizaría el 30 de abril de 2017, con tiempo así para que, una vez finalizados los Juegos de 2016, se pudieran hacer las obras necesarias para convertir el estadio olímpico en un campo de fútbol sin más. A partir de ahí, el Atlético podía alargar la concesión y seguir de alquiler, o comprarse su propio estadio.

Si el cambio urbanístico no se realizaba y eso impedía la venta, el club podía elegir entre recibir una indemnización que, entre otros gastos, incluyera el coste del nuevo estadio; o bien quedarse de alquiler durante 75 años a un precio de 1,6 millones anuales (actualizado según el IPC).

La coordinadora municipal de Planificación Urbana, Beatriz Lobón, avanzó ayer que “el compromiso” del Ayuntamiento es “el traspaso de La Peineta” al Atlético en 2017. Lo hizo en la comisión de Urbanismo a preguntas del edil Mariano Palacios (UPyD), que se mostró preocupado por el retraso que aparejan estos vaivenes en la construcción de nuevos accesos y aparcamientos en la zona, “demandados por los vecinos”. También preguntó al respecto el portavoz municipal de Izquierda Unida, Ángel Pérez, que criticó la “indefinición” del Ayuntamiento acerca de sus compromisos de inversión y la negociación con el Ministerio de Fomento sobre las conexiones viales.

 

Obras pero sin pagar impuestos

El precio de la parcela municipal sobre la que se está construyendo el estadio de La Peineta quedó fijado en 41.179.942 euros en el convenio firmado por el Ayuntamiento y el Atlético de Madrid en 2009, aunque esta cifra se irá actualizando con el IPC hasta 2017 (eso eleva dicha cantidad ya a 44,9 millones).

De ese precio, se descontarán sin embargo 4,4 millones (también actualizados según el IPC) por la instalación de una base de los servicios de emergencia municipales en la parcela durante un periodo de 30 años.

El Atlético ha tenido además la posibilidad de pagar parte del coste de su estadio con entradas de fútbol, que luego el Ayuntamiento distribuía entre escuelas de fútbol (el 80%), y voluntarios y patrocinadores de las candidaturas olímpicas. Entre la firma del convenio, en diciembre de 2008, y el pasado mes de octubre, el club ha entregado 126.395 entradas, por un valor total de 6.208.007 euros, que se descontarán así del precio de la parcela. De esta forma, de los 41,2 millones de coste inicial, el Atlético sólo tendría que abonar 30,5 millones (sin tener en cuenta la actualización por el IPC).

Esa cantidad final sí deberá pagarla en efectivo. El Atlético ha confirmado a EL PAÍS que está “negociando la adaptación del convenio a la nueva realidad de uso del estadio”, abandonadas ya las candidaturas olímpicas, y “se está simplificando”.

Eso sí, “del precio no se está hablando”, eso “corresponde a la tasación fijada” en 2008. “Sólo se pueden tocar los usos”, han señalado las citadas fuentes.

Según el acuerdo del Atlético con FCC, La Peineta costará en total 218 millones de euros, a los que habrá que sumar el abono del impuesto de construcciones (ICIO), que el club no ha pagado aún pese a que se debe liquidar como requisito para obtener la licencia de obras. Hasta junio, el importe de la construcción realizada por FCC ascendía a 34 millones (frente a los 18,6 millones de 2013), según las cuentas del club, a las que ha tenido acceso EL PAÍS. La operación tendrá otro coste más para el Atlético, en este caso en el desarrollo del ámbito del estadio Vicente Calderón, donde tiene reservados 20,5 millones de euros para asumir unas cargas que, según sus cuentas de este año, podrían oscilar entre 19 y 29 millones.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/11/19/madrid/1416433067_605229.html

 

 

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FCC paraliza las obras de La Peineta y retrasa a 2017 la mudanza del Atlético (EL PAÍS)

  • La constructora renegocia su acuerdo con el club por razones legales y económicas

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La mudanza del Atlético de Madrid desde el Vicente Calderón al estadio de La Peineta sufrirá un nuevo retraso, de al menos un año, y no tendrá lugar en el mejor de los casos hasta verano de 2017.

La empresa Fomento de Construcción y Contratas (FCC) ha paralizado las obras para “adecuar el ritmo en el marco de las negociaciones” que mantiene con el club para “replanificar” su acuerdo. El contrato, firmado en 2010, prevé hacer el nuevo estadio con los beneficios de la venta de miles de viviendas construidas en los terrenos del Vicente Calderón.

La historia se remonta sin embargo a 2008, cuando el Ayuntamiento de Madrid, gobernado entonces por Alberto Ruiz-Gallardón (PP), firmó un convenio con el Atlético para trasladar al club al estadio municipal de La Peineta. El equipo ganaba así un campo nuevo y con 73.000 asientos, 20.000 más que el Calderón. La Peineta, inaugurada en 1994 con un coste de 50 millones de euros, estaba “infrautilizada” y en “un importante estado de deterioro”, según aseguró el Ayuntamiento, que planeaba convertirla en estadio olímpico y eje de su candidatura a organizar los Juegos.

El Atlético se comprometió a comprar la parcela sobre la que se levantaba el viejo estadio, en el distrito de San Blas, por 41,2 millones. El campo en sí se tasó en cero euros, pero el club estaba obligado a hacer otro nuevo en su lugar antes de junio de 2015, con un presupuesto de 195 millones.

Para sufragar estos gastos, el Atlético firmó en junio de 2010 un acuerdo con FCC y con la cervecera Mahou. La constructora derribaría el Vicente Calderón y la fábrica de cerveza contigua, y levantaría en esos terrenos 2.000 viviendas; se encargaría además de soterrar el último tramo de la M-30 para completar el parque de Madrid Río, asumiendo un 57% del coste, estimado entre 80 y 150 millones (el resto, correría a cargo del Ayuntamiento). Los beneficios de la venta de esas 2.000 viviendas cubrirían, según los cálculos del acuerdo, los gastos de la operación urbanística.

Pero a la constructora ya no le salen las cuentas. Según fuentes de FCC, el derrumbe del mercado inmobiliario obliga a replantear las condiciones económicas del acuerdo; las obras se han parado, según estas fuentes “de forma momentánea”, pero lo que ya es seguro es que no estarán terminadas hasta verano de 2017, un año después de lo planeado. A los motivos económicos se suman además, según estas fuentes, la inseguridad jurídica que planea sobre la operación desde hace años.

El Ayuntamiento aprobó en octubre de 2009 la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para reformar el área, con los votos del PP (que tenía, como ahora, mayoría absoluta) y la abstención de socialistas e IU. El Gobierno regional (entonces y ahora, en manos del PP) sancionó el proyecto dos meses después, pero la Asociación Señales de Humo (integrada por seguidores del Atlético críticos con la gestión del club) lo recurrió judicialmente.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) le dio la razón y anuló la operación urbanística en enero de 2012, al considerar que no se ajustaba a derecho por permitir la construcción de torres de viviendas de hasta 17 pisos cuando la ley regional prohibía superar las cuatro alturas. El Ayuntamiento recurrió ante el Tribunal Supremo, y la Comunidad de Madrid cambió la ley del suelo para sortear ese escollo.

El Supremo, sin entrar a considerar la cuestión, anuló el pasado 2 de octubre la sentencia del TSJM al considerar que los magistrados no habían tenido en cuenta a Mahou, y ordenó repetir el proceso judicial desde su inicio.

Entre tanto, bajo el paraguas del cambio normativo aprobado por la Comunidad y sin esperar al desenlace judicial, el Ayuntamiento aprobó en julio un nuevo plan urbanístico que prevé construir dos rascacielos, ocho bloques de pisos y un gran parque sobre los terrenos ahora ocupados por el Vicente Calderón. Las obras deberían comenzar en 2015, una vez concluyan los trámites administrativos, y si no median reveses judiciales (Señales de Humo estudia recurrir el nuevo proyecto), estarán acabadas en 2022 ó 2023.

10 años de promesas incumplidas

  • Julio de 2004.El Ayuntamiento de la capital presenta el primer proyecto para remodelar La Peineta y convertirla en estadio olímpico para Madrid 2012. El presidente del Atlético, Enrique Cerezo, y su consejero delegado, Miguel Ángel Gil Marín, negocian con el Ayuntamiento para recalificar los terrenos sobre los que se levanta el Vicente Calderón, construir en su lugar pisos, y mudarse a La Peineta.
  • Enero de 2005. El Ayuntamiento y la Comunidad firman un “protocolo de intenciones” con el Atlético para que el club utilice La Peineta tras los Juegos de 2012. Las peñas del equipo, acuciado por su deuda, se pronuncian en contra.
  • Septiembre de 2005. Tras la derrota de Madrid 2012 ante Londres, Gallardón mantiene su proyecto de comprar los terrenos del Calderón y sumarlos al proyecto de parque de Madrid Río a cambio de ceder La Peineta al Atlético.
  • Julio de 2008. Con Madrid 2016 ya en marcha, la operación se complica por la quiebra de la constructora Martinsa. El club y Mahou planean construir 1.000 pisos en los terrenos del Calderón y de la fábrica de cerveza. El club busca obtener 260 millones, saldar su deuda (entonces, 130 millones) y lograr dinero para fichajes.
  • Diciembre de 2008. Tras 16 meses de negociaciones, el Ayuntamiento firma el acuerdo con el club. La mudanza se fija para 2012. El Atlético ya no obtiene beneficios económicos con la operación: cambia un estadio por otro. Fomento de Construcciones y Contratas ocupa el lugar de Martinsa para hacer 1.800 viviendas.
  • Octubre de 2009. Madrid 2016 pierde ante Río de Janeiro. La reforma de La Peineta, que aún no había empezado, ya no corre prisa. En marzo de 2011, el club fija la fecha de la mudanza en 2013. En septiembre, el Ayuntamiento aprueba el plan urbanístico con la vista puesta ya en Madrid 2020. Dos meses después, comienzan las obras. El Ayuntamiento se compromete ante el Comité Olímpico a que estén listas en 2015.
  • Septiembre de 2013. Madrid 2020 cae derrotado ante Tokio, y el Atlético retrasa la mudanza a 2016. Ayer pasó a 2017.

Límite 2010, 2012, 2015, 2016…

El proyecto para construir el nuevo estadio de La Peineta se presentó el 5 de diciembre de 2011, en un acto con cava y ostras que presidió el entonces alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón.

La fábrica de Mahou ya estaba derribada desde un año antes, y por entonces tanto el Ayuntamiento como el club calculaban que la mudanza se produciría en 2015. El principal apremio provenía de Gallardón, que se había comprometido ante el Comité Olímpico Internacional a tener listo el estadio para ese año.

En septiembre de 2013, una vez que Madrid fue rechazada por tercera vez consecutiva para organizar los Juegos Olímpicos, el consejero delegado del Atlético, Miguel Ángel Gil Marín, anunció que las obras se retrasaban un año, hasta verano de 2016. No sería el último retraso, pero tampoco fue el primero.

El primer acuerdo entre el club y el Ayuntamiento data de julio de 2007, aunque se había empezado a gestar un año antes.

Entonces, la fecha de mudanza se fijó en 2010. Pero aquello fue sólo un protocolo de intenciones; cuando finalmente se firmó, en 2008, el traslado ya se había retrasado a septiembre de 2012.

En 2009, cuando Madrid perdió ante Río en su segundo intento olímpico, el proyecto volvió a retrasarse tres años más.

Unos retrasos sobre el papel, en cualquier caso, puesto que las obras en realidad no comenzaron hasta noviembre de 2011, y antes de julio de ese año ni siquiera tenían licencia. Lo que tampoco supondría un obstáculo, visto que los trabajos se han realizado al menos durante tres años con una autorización municipal provisional: la licencia definitiva estaba paralizada a falta del visto bueno, entre otros, de los bomberos del Ayuntamiento.

 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/11/05/madrid/1415221786_435912.html

 

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